Desde la Campaña CIEsNo de Valencia sabemos que encarcelar a quienes llegan en un centro de internamiento para extranjeros no refleja la voluntad ciudadana. Entrar en un CIE es entrar en los «agujeros negros del Estado de Derecho». Es tener que sufrir una segunda condena, un segundo ciclo de maltrato, después de días a la deriva en el mar.
El Gobierno del Estado no puede abandonar ni a las personas que llegan ni a los territorios que las quieren cobijar. Debe facilitar la tarea que la ciudadanía y muchos de sus representantes políticos estamos exigiendo. Es pues un imperativo ético y jurídico posibilitar la documentación que autoriza a que estas personas puedan residir en el Estado español y «caminar» con derechos por nuestras ciudades.
Las políticas migratorias de los países de la UE en el Mediterráneo se acercan a lo que sería un «genocidio migratorio». Nuestros gobernantes nos están obligando a presenciar impasibles el abandono y la muerte de nuestros hermanos en el mar. Europa ha dejado de ser un territorio de referencia en la salvaguarda de los derechos humanos. La situación ha de cambiar y el actual gobierno del Estado español tiene una oportunidad histórica para liderar este cambio. Para forzar a Europa a volver a ser un territorio de garantía de derechos fundamentales. Para recuperar la dignidad.
Por ello, exigimos al Gobierno del Estado que las 629 personas que están dirigiéndose hacia Valencia sean consideradas como sujetos de derechos. Es decir, sean documentadas con un permiso por razones humanitarias y en ningún caso puedan ser encarceladas en un CIE.
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